Un grupo de dirigentes y ciudadanos del norte de Santa Fe, vinculados de uno y otro modo con aquella empresa fuera Vicentin, reclamaron a la justicia santafesina, pero especialmente a la Corte Suprema de esa provincia, que deje de dilatar los casos en torno a la caída en desgracia de la aceitera, que cayó en incumplimientos en diciembre de 2019, intentó ser expropiada por el anterior gobierno, y finalmente transcurrió sobreviviendo (en manos de otros operadores) mientras transcurría un concurso de acreedores por una suma total de 1.300 millones de dólares. “Una probable solución perfecta pero tardía puede ser la muerte no solo de una compañía sino de buena parte de su extensa red (productores, contratistas, prestadores de servicios, agentes comerciales). Son innumerables los ejemplos de empresas destruidas por permanecer mucho tiempo en el limbo jurídico con concursos, sucesiones o litigios interminables”, dijeron -con mucha razón- quienes le piden a la Corte Suprema que se resuelva rápido el trámite.
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